Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por la delincuencia organizada en Quintana Roo (2022-2023): Análisis de causas, impactos y propuestas de intervención

Resumen

En los últimos años, la delincuencia organizada en Quintana Roo ha generado una ola de violencia que ha desestabilizado la sociedad, afectando especialmente a un grupo vulnerable: niñas, niños y adolescentes. Este artículo aborda el preocupante fenómeno del reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales, analizando las causas, consecuencias y posibles soluciones. Se parte de la premisa de que este grupo se ha convertido tanto en protagonistas como en espectadores de la violación sistemática de sus derechos humanos, lo que refleja una crisis social y de seguridad pública. El estudio destaca que el crimen organizado encuentra en los menores una presa fácil, aprovechando las deficiencias estructurales del sistema de justicia mexicano, la falta de oportunidades educativas y laborales, y la indiferencia generalizada hacia esta problemática. Factores como la deserción escolar, la violencia intrafamiliar, la pobreza y la influencia de la narco-cultura en medios de comunicación y redes sociales contribuyen al reclutamiento. Además, se identifican dinámicas como la coerción, la manipulación psicológica y la promesa de ingresos económicos como mecanismos utilizados por las organizaciones criminales para atraer a los jóvenes. Este trabajo se centra en el período 2022-2023, proporcionando un análisis detallado de la situación en Quintana Roo, aunque se reconoce que este problema tiene alcance global. Se examinan casos específicos y datos estadísticos que evidencian el aumento del reclutamiento de menores, así como su participación en actividades como el tráfico de drogas, la extorsión y el sicariato. También se exploran los efectos psicológicos, sociales y legales que esta problemática tiene en los menores y sus familias. Finalmente, el artículo propone estrategias para enfrentar esta crisis, incluyendo la implementación de políticas públicas integrales que aborden las causas estructurales, la creación de programas de prevención y reintegración social, y la mejora del sistema de justicia para proteger a los menores. Se enfatiza la importancia de la colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y las instituciones educativas para generar un entorno seguro y con oportunidades para las nuevas generaciones.