Gestión Pública del Gobierno de Costa Rica ante el Tráfico Ilícito de Migrantes

Resumen

El artículo ha examinado la gestión de la administración pública en Costa Rica en relación con los incidentes de tráfico ilegal de personas que se han agravado cada vez más debido al entorno geográfico entre regiones para que ocurra el tráfico. El texto afirma que el tráfico ilegal se ha convertido en un negocio lucrativo pero mortal en el que redes muy organizadas están comprometiendo la vida y la dignidad de las personas en movimiento. A partir de un diseño de investigación de método mixto que aporta y deducción binaria a partir de evidencias compuestas por entrevistas a expertos más un cuestionario aplicado a funcionarios de la Dirección General de Migración y Extranjería, se ha sugerido que las políticas migratorias actuales y especialmente antes de las directrices migratorias y la Ley 8764- impactan negativamente en la investigación y judicialización del tráfico ilicito de migrantes. La consulta de expertos puso de manifiesto los déficits de coordinación interinstitucional, la falta de aplicación específica y la debilidad en la protección efectiva de los derechos humanos de los migrantes. En general, los mecanismos de asistencia humanitaria funcionan relativamente bien, pero se enfrentan a importantes desafíos, como la financiación inadecuada, las incoherencias jurídicas y la necesidad urgente de seguir capacitando al personal. El artículo concluye con recomendaciones que indican que Costa Rica debe fortalecer su marco legal con una mejor capacidad operativa en cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos, a fin de que la gestión migratoria combata de manera eficiente el tráfico ilicito de personas y garantice una protección integral a las personas en movimiento. Entre estas prioridades se encuentra el llamado a una respuesta estatal más enérgica en el contexto de la creciente sofisticación exhibida por las redes criminales involucradas en estos delitos.