La Cadena de Custodia en Delitos Flagrantes: Desafíos y Estrategias para su Optimización en el Procedimiento Penal Ecuatoriano

Resumen

La cadena de custodia es una garantía esencial del debido proceso, pues asegura la integridad, continuidad y trazabilidad de la evidencia en el proceso penal. En el Ecuador existe un marco normativo específico y un Sistema Especializado Integral de Investigación, de Medicina Legal y Ciencias Forenses; sin embargo, persiste una brecha entre este diseño jurídico y su aplicación práctica, especialmente en los delitos flagrantes tramitados por procedimiento directo y en casos complejos de tráfico internacional de sustancias sujetas a fiscalización. El objetivo de esta investigación fue analizar la cadena de custodia en dicho contexto, articulando el plano normativo con la percepción de los operadores del sistema penal y con la experiencia documentada en un caso emblemático. Se empleó un enfoque metodológico mixto que combinó análisis normativo y revisión bibliográfica (2014–2024), entrevistas semiestructuradas a 15 fiscales, peritos y defensores públicos, y un estudio de caso instrumental del Proceso Penal No. 17256-2015-00281 (“Caso Valija Diplomática”). Los resultados muestran que el 80 % de las personas entrevistadas considera deficiente la gestión de la cadena de custodia, y señalan como factores críticos la falta de recursos tecnológicos y humanos, las inconsistencias en la recolección y documentación inicial de los indicios y la capacitación insuficiente del personal. El estudio de caso confirma la presencia de tensiones en la documentación y en la coordinación interinstitucional, aun cuando la sentencia de segunda instancia otorgó validez a la prueba y sostuvo la condena. Se concluye que el fortalecimiento de la cadena de custodia requiere avanzar en la digitalización integral de los registros, en el robustecimiento de las unidades especializadas y de los laboratorios forenses, y en programas de formación diferenciada, con el fin de reducir el riesgo de exclusiones probatorias y fortalecer la confianza ciudadana en la justicia penal.