Acción Objetiva o Acción Pública de Inconstitucionalidad: Criterios para Delimitar el Control de los Actos Normativos en Ecuador

Resumen

El ordenamiento ecuatoriano ofrece dos vías para expulsar los actos normativos de la Administración: la acción objetiva o de anulación por exceso de poder, ante la jurisdicción contencioso administrativa, y la acción pública de inconstitucionalidad, ante la Corte Constitucional. Su coexistencia genera demandas mal encauzadas y decisiones que no resuelven el fondo. El objetivo del estudio fue determinar los criterios jurídicos que delimitan la procedencia de cada vía. Se aplicó un enfoque cualitativo, de tipo dogmático-jurisprudencial, mediante el análisis documental de la normativa vigente, de catorce sentencias de la Corte Constitucional emitidas entre 2020 y 2026, de dos resoluciones obligatorias de la Corte Nacional de Justicia y de los modelos colombiano y peruano. Los resultados muestran que la Corte Constitucional no resuelve antinomias entre reglamentos u ordenanzas y la ley, que remite al control de legalidad, salvo que la contradicción comprometa una norma constitucional que haga de la ley una condición de validez del acto, como la reserva de ley sancionadora o tributaria o la distribución constitucional de competencias. Con base en ello se propone un criterio de delimitación en tres pasos: calificación del acto, identificación del parámetro del cargo y verificación de una relevancia constitucional autónoma.