Inejecución policial de medidas de protección como agravante del delito de omisión de actos funcionales en el Código Penal peruano

Resumen

Se investigó para determinar y explicar los fundamentos jurídicos que justifican incorporar la inejecución policial de medidas de protección como circunstancia agravante específica del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales previsto en el artículo 377 del Código Penal peruano. El problema surge de la brecha entre el sistema de tutela diseñado por la Ley N.º 30364, que confía a la Policía Nacional del Perú la ejecución de las medidas de protección dictadas por el juez, y una respuesta penal que trata de modo indiferenciado las omisiones funcionales que recaen sobre ese deber reforzado. Se desarrolló una investigación cualitativa, de tipo aplicado, nivel descriptivo-explicativo y diseño jurídico-dogmático, hermenéutico y propositivo. Mediante muestreo intencional se analizaron diez expedientes en ejecución por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar del Distrito Judicial de Trujillo (2024-2025) y se aplicaron entrevistas semiestructuradas a veinte abogados especializados; los datos se integraron por triangulación con la doctrina, la normativa y la jurisprudencia nacional e interamericana. La omisión fue la modalidad de incumplimiento policial más frecuente (cinco de diez expedientes), con un tiempo medio de inejecución de 54 días (rango: 20-120). En ocho de los diez casos (80 %) el agresor reiteró actos de violencia mientras la medida no se ejecutaba, incluidas nuevas agresiones físicas, una agresión sexual y un feminicidio en grado de tentativa. El 70 % de los entrevistados consideró insuficiente el artículo 377 para sancionar estas conductas y el 85 % estimó necesaria una agravante específica, invocando principalmente la mayor lesividad de la conducta (90 %), la especial vulnerabilidad de la víctima (80 %) y el deber reforzado de protección policial (75 %). Se concluye que la agravante se justifica por el mayor desvalor de acción derivado de la infracción de un deber funcional cualificado y de la posición de garante del efectivo policial, por el mayor desvalor de resultado o de peligro para bienes jurídicos personalísimos de víctimas especialmente vulnerables, y por la indeterminación de la agravante vigente, que no distingue la inejecución de un mandato judicial de protección. Se propone una reforma del artículo 377, acompañada de medidas operativas que eviten una respuesta meramente simbólica.