La prisión preventiva oficiosa en México: implicaciones constitucionales y retos para el debido proceso

Resumen

La investigación analizó la prisión preventiva oficiosa (PPO) en México desde un enfoque jurídico-procesal, evaluando su compatibilidad con los principios constitucionales y los estándares internacionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respalda mayoritariamente la PPO, considerándola necesaria para delitos graves, con el fin de proteger a las víctimas y garantizar la comparecencia del imputado. Sin embargo, algunos ministros han advertido que su aplicación automática puede convertirse en una “pena anticipada”, debilitando la presunción de inocencia. A nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y organismos como la ONU-DH coinciden en que la PPO, aplicada automáticamente, viola los artículos 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El caso Tzompaxtle Tecpile vs. México ordenó reformar la legislación interna. Los datos penitenciarios confirman que cerca del 40 % de los presos bajo PPO no tienen sentencia, evidenciando su uso excesivo y la necesidad de adoptar medidas cautelares más garantistas.