El Debido Proceso y el Nexo entre la Corte Interamericana y los Procesos Nacionales, en el Denominado Proceso de Convencionalidad

Resumen

El debido proceso es un principio fundamental del derecho internacional y constitucional que garantiza la protección de los derechos individuales frente al poder del Estado. En el ámbito interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha desarrollado la doctrina del control de convencionalidad, estableciendo un vínculo normativo y práctico entre el derecho interno y los tratados internacionales de derechos humanos. Este estudio analiza el impacto del control de convencionalidad en los procesos nacionales, destacando cómo los jueces internos deben armonizar las normas nacionales con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y la jurisprudencia de la Corte IDH.El presente estudio adopta un enfoque cualitativo con un diseño documental y analítico. Se realiza una revisión sistemática de la jurisprudencia de la Corte IDH y su aplicación en diversos países de América Latina. También se analizan doctrinas y estudios académicos sobre el control de convencionalidad, con especial atención a la interacción entre el derecho interno y el derecho internacional. Se emplea el método comparado para examinar cómo diferentes sistemas judiciales han implementado el control de convencionalidad y las respuestas de los tribunales nacionales ante los pronunciamientos de la Corte IDH. El análisis demuestra que el control de convencionalidad ha fortalecido el debido proceso al obligar a los jueces nacionales a garantizar la compatibilidad de sus decisiones con la CADH. Sin embargo, su aplicación no es uniforme, pues enfrenta desafíos derivados de la resistencia judicial, la falta de capacitación en derecho internacional y tensiones con la soberanía estatal. Para una aplicación efectiva, es crucial fortalecer la formación judicial en derechos humanos y consolidar mecanismos de diálogo entre los tribunales nacionales y la Corte IDH. En definitiva, el proceso de convencionalidad es una herramienta clave para la protección de los derechos fundamentales en la región, pero su implementación requiere un compromiso institucional constante.